Estado y derecho de propiedad

Por Jordi Balletbó

El derecho de propiedad es indisociable de la libertad humana, y el Estado —tal como lo conocemos en la actualidad— mantiene una fricción constante con este derecho. Al arrogarse la capacidad de disponer de la propiedad de los individuos, el Estado sustrae a las personas fragmentos del ámbito sobre el que ejercen su libertad.

La aspiración humana de poseer pertenece a lo más profundo de nuestra naturaleza. No debemos condenarla ni entristecernos por su existencia, ya que ése y no otro ha sido siempre el motor que ha hecho progresar a la Humanidad. Es un grave error proscribir el derecho de propiedad, como han intentado algunos régimenes, o abominar de él y asociarlo al egoísmo y la falta de solidaridad, como han venido haciendo casi todas las organizaciones religiosas —y particularmente la Iglesia Católica— que, sin embargo, nunca se han mostrado muy proclives a aplicarse a sí mismas tales enseñanzas. Hay que rehabilitar el ánimo de lucro comoLos que teorizan sobre la “función social de la riqueza” abrazan este eufemismo para buscar toda suerte de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, desconociendo que, por su propia esencia, toda riqueza juega espontáneamente un papel en el desarrollo de la sociedad. De todos los mecanismos de opresión al alcance del poder político, la privación del más elemental derecho de propiedad es sin duda el mecanismo más eficaz. Las sociedades en las cuales la propiedad privada ha sido abolida no sólo se han convertido en auténticas cárceles donde la libertad humana es insignificante, sino que se han precipitado rápidamente hacia el estancamiento económico. Pero el efecto más angustioso de la ausencia de propiedad privada es que hace casi imposible la rebelión ciudadana frente a los caprichos del sistema, transformando a las personas en clientes cautivos del poder.

Hay que recordar que la propiedad incluye la vida, el cuerpo, las ideas, la propia imagen, los derechos humanos y civiles de cada individuo y, por último, el dinero y los bienes materiales. Desde ese entendimiento, la constante y omnipresente intervención de los Estados para regular cómo podemos emplear todas estas propiedades y cómo no podemos es un atentado contra la libertad, y revela la existencia de una sutil pero profunda fricción en el actual estadio organizativo de nuestra especie: una fricción entre individuo y Estado que constituye un contencioso irresuelto del que de vez en cuando saltan chispas que reflejan con mayor o menor crudeza esa tensión. Cuando el Estado se arroga la capacidad de disponer de la propiedad de la gente, cuando se autolegitima como censor de qué o cuánto puede poseer una persona, o de cómo debe ejercer su libertad sobre lo poseído, se produce la invasión y la limitación de un derecho humano básico.

El Estado es el brazo armado, implacable e imponderable de un poder constituido por una oligarquía (si el país es una dictadura) o por la mayoría configurada por los medios (si es democrático), y la situación es por supuesto muy distinta en cada uno de estos dos casos, pero en ninguno de ellos está legitimado el Estado para ocupar el espacio de decisión del ser humano individual. Ese espacio de decisión incluye la libertad, que no es un concepto vago sino la potestad de usar e intercambiar la propiedad, entendida en el sentido amplio antes mencionado. Si la propiedad es el objeto sobre el que ejercemos nuestra libertad, la regulación estatal de la propiedad (y la confiscación impositiva o por otras vías), por democrático que sea el Estado, es una medida extrema que limita la libertad. Si el siglo XX ha sido el del crecimiento desmedido de los Estados y de su influencia en el ciudadano, esto da una idea de hasta qué punto hemos perdido libertad y propiedad —dos conceptos indisociables—, y explica el aumento de la presión sufrida por las personas, justificando que cada vez salten más de esas chispas. Una chispa importante son los paraísos fiscales. Otra es la insumisión al servicio militar obligatorio. Otras muchas saltan ante cada injusta merma de la propiedad-libertad por parte del Estado.

El servicio militar obligatorio es una clara violación del derecho a la propiedad del cuerpo, del derecho al trabajo libre, del derecho a escoger la actividad, del tiempo propio, etc. Los impuestos son otra violación directa del derecho de propiedad. Al proclamar esto, no reivindico la por desgracia imposible abolición total de los impuestos: tan sólo pido que se tenga muy seriamente en cuenta su carácter atentatorio contra un derecho tan fundamental, y que se reduzcan, por tanto, al mínimo posible y se justifique suficientemente su necesidad. Vulnerar el derecho de propiedad de una persona para evitar que otra muera de hambre es lícito como última opción, si no hay otra fórmula disponible. Vulnerar ese derecho para pagar los innumerables gastos superfluos del Estado, en cambio, es una aberración a la que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas.

Así, la resolución del conflicto Estado-individuo por la propiedad debe pasar necesariamente por una premisa de prioridad que dé a la persona la plena y exclusiva potestad de uso y tenencia de lo que es suyo, y que arbitre casos excepcionales únicamente ante situaciones verdaderamente extraordinarias. Pero esto implica repensar de arriba a abajo el Estado, su papel social, su monopolio de ciertas prerrogativas, su carácter exclusivo y diferenciado de otros agentes presentes en la sociedad, su potestad normativa única... implica en realidad avanzar hacia una sociedad humana mucho más horizontal y libre. Las masas no lo permitirán nunca, porque la mayoría de los individuos prefieren el actual statu quo. Optan por un poco menos de libertad a cambio de cierta protección, y están dispuestos a ver algo mermada su propiedad (en el mismo sentido amplio) a cambio de esa falsa seguridad. Están en su derecho, sin duda, pero, ¿es legítimo que nos impongan esa misma decisión a quienes disentimos de su parecer? Ellos creen que sí, y desde su democracia absolutista legitiman a su Estado para imponer, confiscar, regular y ordenar, relegando la voluntad individual a una segunda prioridad. Otros —los que todavía guardamos unas pocas fuerzas para resistirnos a ser súbditos del Estado— creemos que no, y desde nuestra democracia libertaria, más profunda y radical pero circunscrita a la sola toma de las decisiones no individualizables, no pedimos a los primeros la adopción de nuestra postura sino que nos permitan mantener la nuestra, fuera de su sistema. ¿Es mucho pedir? Sí, porque resquebrajaríamos el actual Estado sustituyéndolo por otro completamente distinto, y nada volvería a ser como antes. Porque habría triunfado plenamente el derecho de propiedad, es decir, la libertad humana. Con los miedos, incertidumbres y azares que conlleva.

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