Entrevista a Antoni M. Julià, consultor en planificación fiscal internacional

 
Antoni M. Juliá es uno de los más prestigiosos expertos europeos en materia de planificación fiscal internacional y otros servicios relacionados con el sector financiero offshore. Para Juliá, los mal denominados “paraísos fiscales” son un importante aliado de la gente en su lucha por recuperar la soberanía financiera. La libertad económica avanza gracias a la globalización y a la revolución de las comunicaciones, y el uso del sector offshore ya está al alcance de cualquier empresa o ciudadano. Desde su reconocido despacho de consultoría, ayuda a las personas físicas y jurídicas a diseñar estrategias legales para minimizar su impacto tributario.

En América Latina está muy extendida la creencia de que guardar una parte del dinero fuera del país es cosa de ricos insolidarios o incluso de mafiosos. Sin embargo, cada vez más gente acude al sector financiero offshore. ¿Cómo se explica este fenómeno?
     Es un fenómeno mundial, aunque en América Latina tal vez se dé con una intensidad algo mayor. La gente corriente, que siempre es más inteligente que sus gobernantes, parece tener bien presente aquello que dijo Adam Smith: “no guardes todo tu dinero en el país donde vives porque puede suceder algo, y usualmente sucede”. Cuando algunas monedas nacionales son comparables al dinero del Monopoly y no garantizan el mantenimiento del valor, cuando los políticos alteran ese valor a su criterio, cuando un presidente puede impunemente ordenar medidas como el “corralito” o cuando la presión fiscal y las consiguientes medidas de represión resultan insoportables, es normal que la gente acuda a los países offshore. Creo que en todos nuestros países está extendido el juego infantil del “escondite”, en el que un niño se esconde y los demás deben encontrarlo, pero puede salvarse tocando un árbol o una pared que se considera la “casa”. Pues bien, ya de adultos, los centros financieros offshore son como esa “casa” del juego: son el refugio donde uno sabe que su dinero está a buen recaudo, que no perderá su valor y que estará siempre a salvo de miradas indiscretas (tanto del Estado como de los delincuentes), y que además no estará nunca sujeto a los impuestos confiscatorios que el político de turno decida exigir.

Sin embargo, muchos ciudadanos perciben a los paraísos fiscales como la cueva de Alí Babá, como la guarida de los narcos o de otros delincuentes.
      Es cierto, esa imagen está desgraciadamente extendida, aunque se asocia más a unos países offshore que a otros. Pero esa percepción es injusta y obedece a la campaña mediática incesante por parte de algunos gobiernos (en especial de algunos de Europa occidental). Para empezar, la expresión “paraísos fiscales” es incorrecta. La expresión inglesa original es “tax havens”, no “tax heavens”, y por lo tanto significa literalmente “refugios fiscales”, lo que da una idea mucho más precisa de la realidad. La gente acude a Grand Cayman, a Panamá o a Bahamas, por poner unos ejemplos conocidos, para refugiarse, y si necesitan refugiarse es porque existe una persecución, porque algo no está bien. De todas maneras, quienes acusan a los centros financieros offshore de ser “paraísos” fiscales se hacen un flaco favor, porque entonces habrá que convenir que los otros países, los países “normales” son en realidad “infiernos” fiscales donde el ciudadano común está permanentemente condenado a soportar unos elevadísimos niveles de confiscación tributaria.

Pero, ¿no es verdad que el dinero de la droga y de otros crímenes se aprovecha de los centros offshore?
     Si un criminal conduce temerariamente y va expulsando de la carretera a los demás, provocando accidentes, ¿debemos condenar a la carretera, debemos prohibir la carretera? ¿O tal vez la marca de coche utilizada? Hace ya años que los controles financieros y bancarios de los países offshore son más estrictos que los de los países normales. Prácticamente no hay una jurisdicción offshore que no cuente con una unidad policial antiblanqueo, y el secreto bancario no ampara los capitales sospechosos de proceder de este tipo de actividades ilícitas. Además, como consecuencia del ataque terrorista del 11-S muchos de estos países han adoptado nueva legislación y mucho más estricta aún. Algunos incluso han impulsado acuerdos internacionales para perseguir mejor el delito, como es el caso del brillante tratado que acaban de firmar Liechtenstein y los Estados Unidos. Es imposible llegar a un banco offshore con una maleta llena de dinero y depositarla sin más. Es necesario demostrar el origen lícito de ese dinero. El dinero de la droga y de otras actividades ilegales probablemente esté colocado en las grandes bolsas de valores y, sobre todo, en propiedad inmobiliaria en las grandes ciudades del mundo. No se puede descartar que algunos mafiosos utilicen empresas offshore o consigan engañar a algún banco offshore para sus propósitos, pero estoy convencido de que, por cada centavo que estas mafias tengan en un país offshore, poseen muchos dólares en los países “normales”.

Pero, ¿por qué, entonces, esa campaña generalizada anti-offshore?
     El modelo económico de los grandes países europeos y latinoamericanos es un modelo iliberal originado tras la Gran Depresión y consolidado después de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo de altísima recaudación fiscal y fuerte presencia del Estado en la economía, y ese modelo sólo era manejable en economías relativamente cerradas, o abiertas selectivamente y por bloques. Hoy ese modelo ya no es sostenible, por dos motivos. Primero, porque la globalización de la economía relega a los Estados a su auténtico papel: el de árbitros y no el de jugadores. Segundo, porque la revolución de las telecomunicaciones ha puesto lo internacional al alcance de cualquiera. Los Estados hiperrecaudadores están asustados ante la rápida recuperación de soberanía por parte de sus súbditos. Estos ya no dependen tanto como antes de las decisiones políticas que adopten sus respectivos gobiernos porque, sencillamente, tienen a su disposición todas las posibilidades que ofrecen los demás países, tanto “normales” como de baja fiscalidad. ¿Cómo va a mantener Finlandia la presión fiscal más alta del mundo, por encima del 70 %, si sus empresarios apenas necesitan conectarse a Internet o tomar el ferry a Estonia para eliminar una parte considerable de sus impuestos? La armonización fiscal es un mito incluso dentro de bloques como el Mercosur o la Unión Europea. Pero los Estados de inspiración socialdemócrata, como lo son todos los grandes Estados europeos y algunos de los principales países latinoamericanos, hacen esfuerzos desesperados por mantener ese modelo, que confiere a la clase política un poder enorme. En su camino se interponen los países de escasa o nula fiscalidad, y contra ellos se ha lanzado una auténtica cruzada: no hay más que ver la campaña desatada por la OCDE, un mero organismo de estudios económicos que ha pretendido sin éxito erigirse en una especie de policía financiera global, actuando como “martillo de herejes” (los “herejes” que apuestan por la libertad económica y el derecho a la privacidad financiera).

Entonces, ¿hay motivos para estar preocupados por el futuro del sector financiero offshore? ¿Los paraísos fiscales tienen los días contados?
     No, no. Ni mucho menos. La campaña de la OCDE y de algunos gobiernos es un ejemplo clásico de actuación de cara a la galería. La hipocresía y la doble moral caracterizan el discurso de esos países, ya que sus élites políticas y económicas son las primeras interesadas en el mantenimiento del statu quo. Además, incluso si esos países realmente decidieran adoptar medidas anti-offshore, ¿qué podrían hacer? ¿Prohibir Internet? ¿Prohibir a la gente viajar al extranjero? ¿Prohibir el uso de dinero en efectivo? ¿Prohibir el comercio exterior? Las medidas que habría que tomar para acabar con los llamados paraísos fiscales serían comparables a un régimen totalitario de alcance global, con una Gestapo financiera que es, sencillamente, inviable. La revista International Investor ha calculado que el 64 % del dinero del mundo transitó por un paraíso fiscal a lo largo del año 2000. Y se cree que entre el 15 % y el 20 % de la riqueza mundial está en el sector offshore. El sector offshore es una pieza clave de la economía mundial. Por más ruido que hagan algunos, la libertad económica está siendo conquistada y los países de baja fiscalidad son un gran aliado de la gente en esa lucha por su emancipación financiera frente a los Estados convencionales.

Entrevista publicada en diciembre de 2002 en la revista digital Perfiles del siglo XXI.

Mónica Linares es periodista especializada en Economía.
© Perfiles del siglo XXI.
Artículo activado el día 11 October 2005

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